Desde hace más de dos siglos el proletariado agrario andaluz se ha constituído en un problema de primer orden para la burguesía. Si nos atenemos exclusivamente a la contemporaneidad, la ocupación de tierras de los campesinos de Casabermeja durante meses en 1840, resistiendo a varias ofensivas del Ejército, abre el ciclo de la lucha de clases andaluza en el siglo XIX. Los jornaleros y jornaleras, sucesores recientes del felah megub y del morisco, han sido una clase social de la que desconfiar para el control y dominación de Andalucía.

  La conquista castellana puso las bases de una estructura social profundamente desigual que el capitalismo naciente desarrolló hasta llegar a un siglo XIX trufado de alzamientos insurreccionales andaluces contra el Estado español y contra la apropiación privada de unos pocos de los medios de producción.

  La preponderancia de la agricultura como actividad económica junto con la desindustrialización que sufrimos en el último tercio del siglo XIX (no olvidemos que los primeros altos hornos de la Península Ibérica se ubicaron en Marbella, por ejemplo) favorecieron también la formación de un proletariado agrario andaluz que como clase ha sido siempre una amenaza para los privilegios de la oligarquía terrateniente como clase dominanteⁱ.

  Sin embargo la estructura económica manda. Acabar con los jornaleros y jornaleras era imposible mientras hicieran falta -como hizo- la explotación asalariada en el campo andaluz. Durante la guerra de clases en el Estado español denominada “Guerra Civil” el franquismo jugó de forma decidida la carta del exterminio físico del proletario andaluz o jornalero. Ya se había intentado aisladamente antes (Casas Viejas…) y a partir de 1936 sería una práctica sistémica. Al menos contra todas aquellas que osaron alzarse.

  Después, durante el franquismo, fue la mecanización -y la apropiación exclusiva de los beneficios que generó este avance tecnológico en el campo por parte de los terratenientes- otro aliado para ir reduciendo las filas del proletariado agrícola, condenándolo a la emigración fuera de nuestro país hasta superar más de dos millones de andaluzas en el exilio económico (y 7 millones en el país).

  Con la segunda restauración borbónica y la muerte del criminal Franco, la estrategia del Estado español ha sido usar la zanahoria y el palo con los jornaleros.

  La zanahoria a través de las promesas de reforma agraria (hasta se creo un Instituto Andaluz de Reforma Agraria en 1984). La promulgación de la “Ley de Reforma Agraria” andaluza (ley 3/1984) fue el señuelo. Se adquirieron entonces fincas gestionadas por unas Juntas Provinciales de Reforma Agraria formadas por los sindicatos del régimen y la patronal (quedando en tierras baldías que desde hace una década se están vendiendo a terratenientes y sociedades de inversión). Hasta se habilitó un Impuesto de Tierras Infrautilizadas que aún hoy sigue vigente, aunque según datos de la Consejería de Agricultura no se ha aplicado desde su creación en 1984 a ninguna finca ni una sola vez.

  Esa era la zanahoria. El palo ha sido el ejercicio de negación, por la vía de los hechos, de la Reforma Agraria  pendiente.

  Y junto al palo y la zanahoria, se ha desplegado todo un sistema para terminar con los jornaleros como clase del que el último paso ha sido la denominada “Ley del jornalero”. La denominación no se refiere a la participición del proletariado agrícola en la redacción de la misma. Más bien al público objetivo al que, gracias a personajes que se prestan gustosos a hacerle el caldo gordo al reformismo y a la oligarquía, va dirigida esta maniobra de propaganda.

  La “ley para reformar la protección social, las peonadas y las ayudas a los jornaleros” no cambia sustancialmente la situación anterior. Incluye alguna mejora a cambio de renunciar de nuevo a la Reforma Agrariadejando incólumes los pilares sobre los que se asienta la sobreexplotación del proletariado en el medio rural andaluz: el acaparamiento de la propiedad de la tierra por los terratenientes. La gran propiedad agraria que justamente no ha dejado de crecer; si las propiedades agrarias en Andalucía de más de 100 hectáreas eran el 54% en 1930 hoy son casi el 70% de las existentes.

  ¿Cuáles son los señuelos para seguir escatimando al Pueblo Trabajador Andaluz la necesaria Reforma Agraria? Pues son esencialmente tres, a cual de ellos más tramposo.

  Introducen la ‘peonada cero’ que aliviará las economías de algunas familias así como la presión de las redes clientelares pero no altera el problema estructural del campo andaluz. Para entender cuán revolucionaria es esta medida hay que recordar que ya la propuso el PP de Córdoba en octubre del pasado 2022 (aunque de manera coyuntural). Una demostración de la naturaleza de la renta y subsidio agrario: limosna para comprar la paz social en el campo andaluz, garantizar el dominio de clase de la burguesía española asegurándole -por el nimio coste que suponen estas ayudas- mano de obra para las explotaciones agrarias a precio de ganga que facilitan fenómenos como el trabajo en negro, la compra de firmas…, que este sistema conlleva.

  La izquierda reformista que vende esta medida como una conquista es la colaboradora necesaria en el sostenimiento de la opresión de Andalucía

  En segundo lugar la referenciación del subsidio y la renta agraria ya no será con respecto al IPREM -como era hasta ahora- sino con respecto al SMI. Esto supone un pequeño aumento en su cuantía y unos incrementos previsiblemente más frecuentes. Sin embargo, hay que recordar que este índice pensado para que crezcan menos las rentas o subsidios más bajas en el Estado español fue creado por el primer gobierno de Rodríguez Zapatero a través de RD 3/2004. No hay nada glorioso en esta medida, que viene rectificar la canallada que uno de los socios de gobierno perpetró en 2004.

  Y en tercer y último lugar esta ley recupera la prestación del subsidio para mayores de 52 años. ¿Por qué decimos recupera? Porque esta cotización ya existía hasta que entró en vigor la ley 28/2011. Esta ley, además de integrar a las trabajadoras del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) en el Régimen General abrió las relaciones laborales en el medio rural andaluz, mediatizadas hasta entonces por el REASS a la libre concurrencia de los factores de producción. Eliminó así algunos elementos reguladores que tenía el REASS para dejar de nuevo, como antaño, el medio rural andaluz en manos de la patronal (hice un análisis de la ley 28/2011 aquí). Lo más curioso es que fue una ley que apoyaron en Madrid PP y PSOE y que, como se puede ver en el artículo del periódico Vía Pública que editaba Izquierda Unida en Granada por entonces, también los antecesores de Unidas Podemos vendieron como un éxito. ¿Cómo podemos denominar a quienes hace una década calificaron de éxito algo que hoy anulan, denominando ese movimiento como una conquista?

  Volviendo a lo que planteaba al inicio de este artículo. Si el franquismo apostó primero por el exterminio del proletariado agrario y despues por su desparición a través de la mecanización, esta “Ley del Jornalero” (o “contra el Jornalero”, mejor dicho) es un nuevo paso en la ofensiva de la patronal agraria.

  Tras la mecanización durante el franquismo vinieron los planes de Empleo Comunitario de los años 70 que -a pesar del Régimen- generaban una identidad colectiva al ser atribuídos por municipios. Un sistema desaconsejado por la burguesía. En 1984 se inició el subsidio de desempleo agrario y los Plan de Empleo Rural (PER) convirtiendo a las trabajadoras en individuos aislados que percibían un subsidio aisladamente y, de la misma manera, tenían que resolver el problema de reunir las firmas para cobrar el subsidio cuando la patronal no quería declarar jornales trabajados. El siglo XXI comenzó con el “decretazo” de J.M. Aznar de 2002, que con la torpeza del oligarca no tuvo demasiado éxito en su deseo de eliminar de un plumazo el subsidio agrario. Posteriormente la ley 28/2011 que eliminó el REASS, con el beneplácito de PP, PSOE y de IU, además de los sindicatos del régimen CC.OO. y UGT, y la patronal.

  Hace unos días se ha aprobado esta “ley del jornalero” que sigue sin solventar el problema central desde hace siglos: la propiedad privada de la tierra o, como la denominó Blas Infante, la esclavitud de la tierraⁱⁱ. La Reforma Agraria es un primer paso para solucionar el problema que pasa por la nacionalización de la tierra, según señalaba Infanteⁱⁱⁱ. Pero esta medida no servirá de nada si no fuera acompañada de un andamiaje legislativo e institucional que la sostenga fundamentado en un Estado soberano en forma de República Andaluza, la participación de Andalucía en los beneficios de todas las empresas que operen en nuestro país o vendan aquí sus productos, el fin de la privatización de las tierras de titularidad pública a través de subastas, la cesión de las tierras públicas para su explotación a cooperativas de trabajadoras, el incremento del patrimonio agrario público andaluz con una partida anual en los presupuestos, la introducción de empresas comercializadoras públicas y precios justos para las cosechas o el diseño y planificación de un proceso de industrialización acorde con las necesidades del Pueblo Trabajador Andaluz.

  Se trata de dar pasos en un sentido revolucionario para solucionar un problema que lacera desde hace siglos nuestro país. No de seguir pariendo leyes españolas que postergan, para generaciones futuras, la solución a los mismos.

Carlos Ríos.

Granada, 10 de mayo de 2023.

iDecía Marx refiriéndose al proceso de industrialización en Occidente que “En los países secundarios, dependientes de otros, se extirpó por la fuerza toda industria, como, por ejemplo, hizo Inglaterra con la manufactura lanera de Irlanda”

iiInfante, B. La Dictadura Pedagógica. Estado actual del alma de la sociedad comunista, Hojas Monfíes, Granada, 2021.

iiiInfante, B. Ideal Andaluz, Fundación Blas Infante, Sevilla, 1982. Página 120