Las elecciones catalanas y la consiguiente formación de gobierno han vuelto a abrir el eterno debate sobre la “financiación autonómica” en el Estado español.

En primer plano, la necesidad de la sucursal catalana del PSOE (PSC) de formar gobierno para pacificar el escenario político en Catalunya y las concesiones que de esta necesidad puedan arrancar las fuerzas reformistas catalanas. De fondo, la gestión de la derrota autoinflingidaa por los dirigentes independentistas que suspendió la proclamación de la República Catalana así como la batalla entre las dos fuerzas nacionales catalanas con mayor apoyo electoral por posicionarse en la nueva realidad política, la más unionista desde hace años. En la disputa se entrecruzan las distintas argumentaciones que se arrojan los partidos estatales del Régimen del 78-39, enfangando un debate al que se ha sumado el virrey de Andalucía, Moreno Bonilla, para sacar tajada electoral.

Lógicamente, el debate trasciende a nivel estatal ya que si Blas Infante definió España como “una hacienda unificada por el derecho «divino» de los reyes”ⁱ en la posesión y control de dicha hacienda se encuentra uno de los principales pilares que la sustenta. Así, cuando se aborda este tema la discusión gira -quieran o no los participantes- en torno a la propia legitimidad y pervivencia del Estado español como potencia administradora de las naciones bajo su yugo. Por ello nos interesaría tener claro a dónde van y a quién financian los impuestos que el Pueblo Trabajador Andaluz paga diariamente.

1.- ¿Que es la “financiación autonómica”?

Antes de empezar no podemos perder de vista en este debate que cualquier “elemento específico de todas las reformas económicas burguesas presupone la continuidad eterna de las relaciones burguesas”ⁱⁱ lo que, en nuestro caso, incluyen la continuidad de nuestra opresión nacional.

La financiación autonómica parte del hecho aceptado de que es el gobierno estatal con su Agencia Tributaria quien recoge y aglutina la inmensa mayoría de los impuestos en el Estado español, desviando luego parte de ellos hacia las comunidades autónomasⁱⁱⁱ. La legitimidad de este procedimiento se sustenta en el aplastamiento militar de los distintos pueblos sobre los que se ha conformado el Estado burgués español y el control político-militar posterior de los mismos, recreando por distintos procedimientos su hegemonía.

Pues bien, este sistema impositivo es el que se denomina «régimen común» y su justificación -más allá del consabido uso de la fuerza y los mecanismos de alienación para sustentar el Estado burgués español- tiene como línea de defensa específica una presunta “garantía de solidaridad” entre los habitantes del Estado. La lógica más simple nos lleva a pensar que es más bien una solidaridad obligada (y unidireccional) desde las clases populares, las grandes paganas del sistema impositivo español, hacia la burguesía. Un sistema que es “fuente de vida de la burocracia, del ejército, de los curas y de la corte”^iv.

Pero más allá de lo evidente, hay que apuntar que esta primera premisa sobre la que se sustentan el resto de argumentaciones es falsa. Falsa porque en el caso de las comunidades autónomas con concierto económico -“régimen foral”- son sus administraciones tributarias quienes administran los recursos. De forma que la premisa de partida es un fake interesadamente difundido y muy asumido por la izquierda españolista sabedora de que desigualdad, desequilibro y opresión nacional son genes de la construcción estatal española^v.

Dentro del “régimen común” existen, además, otros sistemas particulares de financiación: el de las Islas Canarias donde el IVA es sustituido por el Impuesto General Indirecto Canario (con otros tipos impositivos) o el de Ceuta y Melilla donde el Impuesto sobre el Valor Añadido es sustituido por el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación.

2.- ¿El sistema de recaudación actual es garantía de igualdad de todos los habitantes del Estado español?

Lógicamente dicho lo anterior es insostenible mantener este planteamiento. Pero incluso obviándolo, tampoco.

Considerando la tasa de renta pero capital, el desempleo o VAB industrial podemos asegurar que este sistema de apropiación de riqueza de Andalucía y redistribución (que parte de una situación de recaudación impositiva centralizada en Madrid desde hace siglos) no ha servido para recortar las diferencias de Andalucía con respecto a otras comunidad autónomas en cuanto a prestaciones, infraestructuras o servicios públicos. Distintos estudios apuntan a que, al contrario, han sido ampliadas^vi.

Por otra parte, si tenemos en cuenta la ejecución de las dotaciones presupuestarias observamos a su vez como hay grandes disparidades siendo en este caso la capital del reino (Comunidad Autónoma de Madrid) la gran beneficiada por una mayor ejecución de presupuesto que llega incluso a superar lo establecido inicialmente (como ocurrió en los ejercicios de 2015, 2016 y 2017)^vii.

Todo ello sin contar el esperable trampeo que de la propia “financiación autonómica” hace el Estado español y que se ha contabilizado en una falta de, al menos, 14.000 millones de euros para Andalucía desde 2009^viii según su propia lógica.

3.- ¿Andalucía es financiada o es el Estado español el que necesita financiación?

Con algo más de 8,6 millones de habitantes, Andalucía es la mayor comunidad autónoma en términos demográficos del Estado español (el 17,8%). Tiene un PIB de 180.224 millones de euros (el 13,4% del PIB estatal) siendo la tercera comunidad autónoma con mayor PIB.

Nuestro país destaca por un mayor peso relativo de agricultura (6,2% de su PIB, uno de los porcentajes más altos del Estado (2,6%)) mientras que el peso de la industria manufacturera (7,5%) es significativamente inferior a la media (12,5%). Manifiesta así un proceso de transferencias de plusvalías hacía las economías industriales basado en los mecanismo de superexplotación del trabajo^ix.

Sus ventas al exterior ascienden a 38.537 millones de euros (2023), el 10% de las exportaciones estatales. Andalucía exporta el 54% de los aceites del Estado español, el 33% de frutas y legumbres y el 32% de minerales^x.

Andalucía no necesita financiación sino que financia al Estado español burgués. La mentira institucionalizada de que Andalucía es una “economía subvencionada” está sostenida bajo el engaño de las balanzas fiscales. Unas balanzas que cuentan como gastos e inversiones del Estado en Andalucía los que proporcionalmente se realizan en Madrid o en cualquier punto del Estado español en el lado de los gastos. Y que, por el lado de los ingresos, computan el IVA emitido por cualquier empresa que opera en el país andaluz como impuestos pagados en el lugar donde esta tiene su sede social. Lo mismo sucede con el Impuesto de Sociedades. Si a ello añadimos que de las 35 empresas del Ibex 24 tienen su sede en Madrid, así como numerosas grandes empresas y multinacionales, el truco del trilero se destapa^xi.

4.- ¿Cómo gestiona Moreno Bonilla los recursos impositivos andaluces?

Una cortina de humo está siendo la participación del gobierno del virrey andaluz sobre la denominada financiación autonómica. Una cortina para ocultar que, desde 2019, ha aprobado sucesivas rebajas fiscales por parte de la Junta en los impuestos cedidos por el Estado: en el Impuesto de Patrimonio que afecta a las 20.000 familias más ricas de Andalucía, en el Impuesto de Sucesiones (en lugar de regular un mínimo exento que permitiera que las familias obreras no pagar aprobó la casi exención casi total para pagan los ricos y las grandes fortunas) o en el Impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (beneficiando sobre todo a quienes mas transacciones inmobiliarias hacen), entre otros.

Según la AIREF eso ha significado que en 2023 se dejaron de recaudar en Andalucía 209 millones de euros. Sin embargo, Moreno Bonilla impulsa una ofensiva política contra Catalunya a cuenta de sus reivindicaciones económicas ante el Estado.

5.- ¿Qué modelo fiscal necesitamos?

No es problema de las andaluzas y andaluces las negociaciones de las comunidades autónomas con el Estado. A este antiguo recurso usado por la oligarquía y sus títeres para enfrentar a los pueblos trabajadores de la Península ya respondió Blas Infante hace un siglo: “¿Qué nos importa a los andaluces que sean libres los gallegos o los vascos o los catalanes?”^xii.

Nuestro problema es que el Estado usurpa nuestra riqueza que -parcialmente- redirige luego a las instituciones autonómicas cuyo funcionamiento limita y regula, haciéndonos imposible cualquier ordenamiento socioeconómico antagónico al español. Conquistar la soberanía fiscal andaluza, junto a nuestra independencia política plena, es la única forma de superar este callejón sin salida.

Previamente hemos de exigir una Hacienda Nacional Andaluza que ya recogía la Constitución Andaluza en su título octavo (rechazando los impuestos indirectos -como el IVA- en su artículo 81). Un instrumento básico para que el Pueblo Trabajador Andaluz pueda construir una economía y establecer la ordenación de la producción y la redistribución de la riqueza producida socialmente a la medida de nuestras necesidades. Y junto a ella un concierto económico entre Andalucía y España que regule nuestra plena soberanía fiscal de manera bilateral Andalucía-Estado español.

En resumen, se trata de rechazar la mentira impuesta por el Régimen del 78-39 de la “financiación autonómica” para poner encima de la mesa que es el Pueblo Trabajador Andaluz quien, con su sudor, viene financiando a sus opresores y a las instituciones que crearon para ello desde hace siglos.

Carlos Ríos.

Granada, 29 de junio de 2024.

Notas:

iBlas Infante Pérez (1984), Fundamentos de Andalucía, Sevilla, Fundación Blas Infante, pág. 167.

iiCarlos Marx (1850) “Reseña: «Socialismo e impuestos» de Emile de Girardin” (https://lavrapalavra.com/2019/03/07/resenha-o-socialismo-e-os-impostos-por-emile-de-girardin/).

iiiActualmente solo quedan como tributos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía el Impuesto sobre tierras infrautilizadas (nunca puesto en práctica), el Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera, el Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales, el Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma, el Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso, el Impuesto sobre los depósitos de clientes en las Entidades de Crédito, el Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos y el Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos (estos tres últimos sin efecto en la actualidad).

ivCarlos Marx (1973), El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, en Obras escogidas vol. I, Moscú, Progreso, p. 493.

vHe aquí un ejemplo reciente en prensa: “La financiación “singular” catalana, la nueva brasa caliente del PSOE para Sumar y sus aliados” (https://www.elsaltodiario.com/comunidades-autonomas/financiacion-autonomica-catalunya-psoe-sumar).

viManuel Delgado (2002), Andalucía en la otra cara de la globalización, Sevilla, Mergablum, p. 67.

viihttps://laotraandalucia.org/desvelan-que-la-ejecucion-de-los-presupuestos-estatales-perjudica-a-andalucia-beneficiando-a-madrid/

viiihttps://www.abc.es/espana/andalucia/junta-responde-ministra-montero-andalucia-infrafinanciada-exigira-20231216134835-nts.html

ixRuy Mauro Marini (1973), Dialéctica de la dependencia, Bogotá, CLACSO, p. 124.

xhttps://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/fichas-comunidades-autonomas/andalucia#:~:text=Con%20algo%20m%C3%A1s%20de%208,mayor%20peso%20en%20el%20total.

xiJoan Batlle (2017), “La mentira de la Andalucía subsidiada”, (https://www.sumate.cat/la-mentira-de-la-andalucia-subsidiada/)

xiiBlas Infante Pérez (1984), Fundamentos de Andalucía, Sevilla, Fundación Blas Infante, pág. 177.