La revolución cantonal andaluza se alzó hace más de siglo y medio contra el gobierno burgués de la I República española. El 21 de julio de 1873 se proclamó: “¡Viva la Soberanía administrativa y económica del Estado de Andalucía!”. Aquel ciclo insurreccional, que recorrió casi en exclusividad el País Valencià, Murcia y toda Andalucía, tuvo su correlato en la Constitución Andaluza de 1883. La historiografía burguesa lo trató despectivamente como un “mal ejemplo” social, calificando a los cantonales de “aventureros” y “desesperados” entre otros epítetos.

El contexto mundial era el de un capitalismo en su primera gran crisis. La caída general de las tasas de ganancia marcaba el inicio de una gran depresión económica, descrita como la auténtica primera crisis capitalista internacional. El orden liberal del siglo XIX, con Reino Unido como potencia hegemónica, se había construido sobre un mercado todopoderoso, un Estado burgués implacable y un sistema interestatal igualmente despiadado. Las potencias necesitaban lanzarse a la carrera imperialista para sostener sus beneficios: el Estado-nación liberal burgués era también un Estado liberal-imperial. Este buscaba domar a las clases “peligrosas”, la clase trabajadora, y lo hacía de dos formas: bien consolidando partidos obreros comprometidos con el Estado burgués en los países centrales, bien mediante la represión. Y esa clase obrera ya habían aprendido de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848; el Manifiesto Comunista se había publicado en 1848 y la Asociación Internacional de Trabajadores, fundada en 1864, se consolidó en Andalucía (sobre todo en su versión bakuninista).

En el Estado español, la oligarquía sintonizaba plenamente con el liberalismo internacional, añadiendo el principio monárquico y, sobre todo, un modelo de Estado unitario que garantizaba la unidad del mercado capitalista. Sin ese elemento y sin el interés de fracciones de la burguesía vasca y catalana no se explica el inicio de la guerra de Cuba o “Guerra Grande” en octubre de 1868 con el Grito de Yara. También capitales ingleses y franceses llegaron al Estado español buscando, fundamentalmente, las riquezas del subsuelo. El cantonalismo andaluz no casaba con los intereses de la oligarquía europea ni española; el choque era inevitable.

El Estado español del siglo XIX era resultado de una revolución burguesa fallida. La Constitución de 1845 estableció un control centralizado de las instituciones que tuvo que imponer desde Madrid aplastando las resistencias populares. Con una aristocracia poderosa y una burguesía débil, el Estado-nación burgués manifestaba su decadencia. La centralización avanzó mediante la Guardia Civil y el ferrocarril: la Guardia Civil retiraba armas a sectores populares no controlados y se convertía en una “plataforma ejecutiva del Estado centralista”. El triunfo conservador de 1843 inauguró una larga etapa proteccionista que bloqueó el carbón británico y perjudicó a la incipiente industria andaluza, así como a las producciones agrarias y mineras. La influencia de las potencias europeas explica leyes estatales como la de Minas de 1868 y la de Sociedades de 1869, que liberalizaron los recursos minerales andaluces a cambio del socorro financiero británico a la hacienda española.

En septiembre de 1868, un pronunciamiento militar en Cádiz, apoyado por las principales ciudades andaluzas, expulsó a Isabel II. El vacío de poder lo ocuparon juntas revolucionarias provinciales y milicias recién constituidas; los manifiestos de Sevilla y Málaga destacaron por sus propuestas avanzadas. Cuando Madrid ordenó disolver las juntas, Cádiz y Málaga se negaron. Ese fue el origen de la Revolución de las Barricadas del 4 de diciembre de 1868, primer síntoma de una revolución traicionada que radicalizó al sector más progresista de los federales andaluces y los acercó a la I Internacional. La insurrección, comandada por Fermín Salvochea, se extendió a Málaga y Granada y demandó república federal, sufragio universal masculino, mejoras laborales y sociales y reforma agraria. La represión estatal dejó al menos 3.000 muertos.

Las distancias entre el Gobierno Provisional de Madrid y los republicanos federales (realmente confederales si tenemos en cuenta su propuesta política) se hicieron insalvables. Se dividieron entre federales “benévolos”, partidarios de la lucha institucional, y federales “intransigentes” o cantonales, partidarios de la vía insurreccional; entre estos últimos los andaluces, con fuerte componente popular, eran mayoría. El decreto de diciembre de 1868 que ordenaba devolver las tierras ocupadas por jornaleros y campesinos encontró fuerte resistencia en el valle de Abdalajís, Montoro o El Puerto de Santa María. La Comuna de París fue clave para el movimiento obrero y para el proletariado andaluz: el federal Ramón de Cala, que participó en el cantón de Jerez, insistió en que “la centralización desmedida del imperio hizo surgir en todos los ánimos la aspiración a la autonomía de los pueblos”. Los cantonales andaluces tenían como ejemplos insurreccionales las revoluciones de 1848 y, sobre todo, la Comuna de París, con influencia directa de comuneros franceses refugiados en el Estado español desde 1870.

Existía una conexión íntima entre los cantonales y las incipientes federaciones obreras que en Andalucía se adscribían a la I Internacional y su rechazo al Estado español centralista convirtió el republicanismo federal andaluz en cantonalismo.

Tras la traición de la I República, la lucha pasó a plantearse mediante la independencia política, programática y militar del Pueblo Trabajador Andaluz. El Manifiesto del Comité de Salud Pública gaditano del 26 de julio afirmaba: “¡El desarme de los voluntarios! […] Quieren arrebatarnos las armas que son la garantía de la tranquilidad y del orden […]. Nos atacan y nos defenderemos, tomando la ofensiva…”. La figura que aglutina esa doble faceta federal e internacionalista es Fermín Salvochea, miembro de la I Internacional desde 1871 y principal dirigente del Comité de Salud Pública del cantón gaditano en 1873. En él se personaliza la doble contradicción que alumbró la revolución cantonal andaluza: la contradicción entre trabajo y capital y la contradicción entre el Estado burgués español en consolidación y la opresión nacional y colonial de Andalucía. La proclamación de la independencia del Estado andaluz el 21 de julio de 1873 fue la síntesis que, de haber tenido éxito, habría superado esa doble contradicción.

Esta memoria revolucionaria del Pueblo Trabajador Andaluz es lo que vamos a conmemorar el sábado 24 de octubre en Cádiz. Distintos colectivos nos reuniremos en la ciudad de Fermín Salvochea para reividicar su memoria, la de los cantonales andaluces, la de la declaración de independencia de 1873 y, sobre todo, la Constitución Andaluza como texto constitucional síntesis de todas esas experiencias.

Por Carlos Ríos.